El mandatario paraguayo oficializó su dimisión ante el Congreso tras enfrentar un proceso de juicio político y masivas protestas derivadas de la intervención de la entidad financiera vinculada a su entorno.
Un terremoto político sacude al Ejecutivo paraguayo
La institucionalidad política de Paraguay sufrió un remezón histórico luego de que el presidente de la República, Santiago Peña, presentara formalmente su renuncia al cargo. La dimisión se materializó en medio de una grave crisis financiera y de gobernabilidad desatada tras la sorpresiva intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central, un escándalo que involucra directamente operaciones crediticias y cuestionamientos sobre presuntos conflictos de intereses patrimoniales del mandatario.
La salida de Peña había sido adelantada en las horas previas por dirigentes del oficialista Partido Colorado, quienes confirmaron que la decisión buscaba contener el desgaste institucional frente al avance de un libelo acusatorio impulsado por la oposición legislativa para destituirlo.
Las causales del juicio político y el trasfondo financiero
El proceso de juicio político que pesaba sobre el exmandatario contemplaba cinco causales principales, destacando denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de fondos previsionales, operaciones de crédito cruzadas por unos 123 millones de dólares con empresas relacionadas y la participación accionaria declarada por Peña en Ueno Holding ante la Contraloría General del Estado.
«La situación institucional exige priorizar la estabilidad del país y evitar una profundización del conflicto político y social generado en torno al sistema financiero», señalaron desde el oficialismo tras confirmarse la dimisión.
La intervención del banco desencadenó fuertes protestas de ahorristas e inversionistas en distintos puntos del país, erosionando de manera irreversible los respaldos políticos con los que contaba el Ejecutivo en el Parlamento nacional.
Sucesión presidencial y próximas definiciones
Tras la formalización de la renuncia ante el Congreso, el bloque oficialista proyecta que el actual vicepresidente, Pedro Alliana, asuma la primera magistratura del país para completar el período constitucional, mientras se discuten las nominaciones internas para cubrir las vacantes en la línea de sucesión gubernamental. Las autoridades legislativas convocaron a una sesión extraordinaria para tramitar formalmente la transición y garantizar el normal funcionamiento de los poderes del Estado ante la crisis.
