El presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció formalmente el error del Poder Ejecutivo tras la polémica reducción de condenas otorgada a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
En una declaración pública emitida desde el Palacio de La Moneda, el jefe de Estado calificó la situación como «muy grave, profundamente dolorosa y totalmente inaceptable». Con estas palabras, el mandatario asumió la responsabilidad política de la crisis que afecta directamente la credibilidad de la gestión de beneficios penitenciarios.
La controversia comenzó tras revelarse que el Ministerio de Justicia otorgó reducciones de pena por vía administrativa a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación de menores. La decisión se concretó luego de que la actual administración modificara el criterio de la gestión anterior, la cual exigía de manera estricta un dictamen emitido por los tribunales de justicia antes de cursar cualquier modificación en las condenas.
Respaldo ministerial y plan de contingencia
A pesar de las exigencias de renuncia presentadas por diversas bancadas de la oposición, el mandatario ratificó en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Según explicó el gobernante, la permanencia del secretario de Estado busca asegurar que la misma autoridad lidere las correcciones institucionales y esclarezca los procedimientos internos que permitieron la firma de los decretos.
Como primera medida de contingencia, el Ejecutivo ordenó el congelamiento inmediato de la tramitación de cualquier nueva rebaja de pena para reos condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, las autoridades confirmaron el inicio de una revisión técnica y jurídica, caso a caso, de los 56 decretos exentos que ya fueron tramitados.
Finalmente, el Palacio de La Moneda anunció el envío urgente de un proyecto de ley al Congreso Nacional. La iniciativa legal buscará eliminar de forma definitiva cualquier resquicio o interpretación normativa que faculte a los agresores sexuales de menores de edad a postular o acceder a reducciones de sus penas en el futuro.
