La megaoperación policial permitió desarticular una inédita organización criminal dedicada a la fabricación, ensamblaje y distribución de armamento de fuego con tecnología aditiva, impactando a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.
En prisión preventiva quedaron los 56 imputados formalizados por su presunta participación en una sofisticada red dedicada al tráfico de armas de fuego fabricadas mediante impresoras 3D. Entre los privados de libertad se encuentran un funcionario del Ejército y un efectivo de Carabineros, quienes habrían facilitado operaciones o insumos clave dentro del esquema ilícito.
La investigación desarrollada por el Ministerio Público junto a unidades especializadas de las policías logró acreditar el funcionamiento de múltiples talleres clandestinos en la Región Metropolitana. En estos laboratorios se producían piezas esenciales y adaptadores plásticos de alta resistencia para ensamblar armas operativas capaces de percutir munición convencional, evadiendo los registros oficiales y los controles de trazabilidad.
Durante las audiencias de formalización, la Fiscalía expuso la gravedad de los delitos imputados —entre los que figuran asociación ilícita, fabricación ilegal y tráfico de armas de fuego y municiones—, logrando que el tribunal decretara la máxima medida cautelar para la totalidad de los involucrados por considerar que su libertad representa un peligro inminente para la seguridad de la sociedad.
