El Ejecutivo peruano tramita una operación de financiamiento suplementario para asegurar la llegada de una segunda flota de aviones de combate Lockheed Martin, reactivando las críticas de sectores que exigen priorizar emergencias sociales e infraestructura.
Controversia presupuestaria por la renovación de la Fuerza Aérea
El Gobierno de Perú avanza en los trámites financieros necesarios para cerrar la adquisición de una segunda tanda de 12 aviones de combate F-16 Block 70 fabricados en Estados Unidos, con el objetivo de consolidar un escuadrón completo de 24 aeronaves de última generación. Sin embargo, la inclusión de esta millonaria partida de endeudamiento en el presupuesto estatal ha vuelto a encender un intenso debate político y social en Lima en torno a las prioridades del gasto público.
La operación, tramitada a través del Ministerio de Economía y Finanzas mediante un crédito suplementario y mecanismos de endeudamiento externo, busca asegurar el primer desembolso requerido por la firma norteamericana Lockheed Martin para formalizar el segundo tramo del programa de defensa.
Un segundo lote de cazas y el compromiso fiscal
De acuerdo con los documentos técnicos presentados ante el Congreso peruano, esta nueva etapa compromete recursos por más de 1.600 millones de dólares, los que se suman a la inversión inicial aprobada para el recambio progresivo de las antiguas flotas de aeronaves Mirage 2000 y MiG-29. La meta de las autoridades de defensa es completar la renovación operacional con equipamiento de estándar superior antes de finalizar la década.
«La actualización de las capacidades defensivas del país responde a una planificación estratégica de largo plazo. No podemos descuidar la protección de la soberanía ni la infraestructura crítica del Estado», argumentan desde los sectores alineados con el alto mando de las Fuerzas Armadas.
A pesar de la justificación técnica entregada por la cartera de Defensa, diversos legisladores de oposición y analistas económicos criticaron la magnitud de los recursos comprometidos mediante endeudamiento, advirtiendo sobre el impacto en las arcas fiscales en un contexto de demandas no resueltas en salud, educación y servicios básicos en zonas rurales.
Críticas por las prioridades del gasto estatal
Los cuestionamientos apuntan a la oportunidad del anuncio y al endeudamiento asumido por el Estado para financiar material bélico de punta. Sectores de la sociedad civil sostienen que los montos destinados a las cuotas iniciales y al mantenimiento especializado de las aeronaves deberían canalizarse hacia la cobertura de brechas de infraestructura social golpeadas por catástrofes climáticas y la desaceleración económica.
Por su parte, la firma proveedora ha destacado que el acuerdo contempla paquetes de compensación industrial e inversión en plantas locales, buscando matizar los costos con transferencias de tecnología para la industria aeronáutica local.
El proyecto presupuestario que autoriza las operaciones de crédito continúa bajo análisis en las comisiones parlamentarias, donde se anticipa un complejo escenario de discusión antes de su votación definitiva en el pleno del Congreso.
