Un 73% de la ciudadanía declara estar dispuesta a ceder libertades individuales a cambio de mayor seguridad.
La seguridad pública se consolida como la principal prioridad nacional (28%), superando holgadamente a la salud y el empleo.
A pesar de un respaldo superior al 80% hacia medidas severas de control y delincuencia, persiste un claro escepticismo sobre la capacidad del gobierno para concretarlas.
SANTIAGO — El más reciente informe de la encuesta Agenda Criteria, correspondiente a mediados de agosto de 2026, revela un escenario de creciente tensión ciudadana frente al combate de la delincuencia y un estancamiento en la aprobación del Ejecutivo.
De acuerdo con el estudio —aplicado a una muestra de 802 casos a nivel nacional el pasado 13 de agosto—, la desaprobación al Presidente José Antonio Kast subió al 55% (+3 puntos respecto a la medición anterior), mientras que su aprobación se mantuvo estable en un 35%. Un 10% de los consultados no sabe o no responde.
Seguridad pública: La prioridad indiscutida
La seguridad pública se posiciona como el problema central del país con un 28% de las menciones, situándose muy por encima de otras urgencias sociales como la salud pública (16%), los empleos y sueldos (15%) y la reactivación económica (12%).
Esta inquietud se refleja en un drástico cambio de paradigma ciudadano: un 73% prefiere priorizar la seguridad aunque signifique ceder libertades (frente al 68% registrado en 2022). Al analizar por identificación política, la postura de priorizar la seguridad alcanza un 86% en sectores de derecha, un 68% en el centro y un 51% en la izquierda.
Saldo negativo en la gestión de Seguridad y Migración
Al evaluar el desempeño de la administración en áreas clave, la percepción ciudadana es mayoritariamente crítica:
- Seguridad: El 54% considera que la gestión ha sido peor de lo esperado, frente a un 19% que la califica como mejor.
- Migración: Un 47% señala que ha sido peor de lo esperado, mientras que un 25% opina que ha sido mejor.
En relación con las responsabilidades por la situación actual de seguridad, un 35% lo atribuye a problemas heredados del gobierno anterior, un 32% a una combinación de factores y un 27% a la responsabilidad del gobierno actual.
Masivo apoyo a medidas drásticas pero con brechas de expectativa
Frente al dilema legislativo, el 61% de los encuestados opina que el Ejecutivo debe enfocarse en aprobar nuevas leyes, en tanto que un 30% prefiere centrarse en implementar las leyes vigentes.
Asimismo, la encuesta evidencia un respaldo abrumador hacia iniciativas punitivas y de control de orden público, aunque existen brechas significativas en cuanto a la probabilidad percibida de su cumplimiento:
| Medida evaluada | Nivel de Acuerdo | Probabilidad Percibida de Cumplimiento |
| Pena agravada por reclutar menores de edad | 94% | 61% |
| Sanciones agravadas por pertenecer a crimen organizado | 94% | 64% |
| Despliegue policial permanente en 50 barrios críticos | 90% | 55% |
| Régimen penitenciario especial para narcotraficantes | 84% | 53% |
| Refuerzo de fronteras (zanjas, drones y monitoreo) | 82% | 64% |
| Protección legal a policías y FFAA en legítima defensa | 75% | 69% |
Ficha Técnica
- Metodología: Estudio cuantitativo no probabilístico mediante encuestas autoadministradas en panel online certificado.
- Muestra: 802 casos representativos a nivel nacional.
- Fecha de campo: 13 de agosto de 2026.
- Fecha de informe: 16 de agosto de 2026.
