La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti Badía, removió de su cargo al administrador municipal, Patricio Herrera Carazo. La determinación fue gatillada por fuertes tensiones internas en el municipio y duros cuestionamientos por parte del Concejo Municipal respecto de la gestión presupuestaria de la comuna.
El origen del conflicto
El quiebre definitivo se produjo tras semanas de controversias asociadas a una modificación presupuestaria impulsada por la administración, la cual buscaba inyectar aproximadamente $459 millones adicionales para el financiamiento de personal a contrata.
Dicha propuesta levantó alertas entre los concejales de la comuna. La concejala Laura González advirtió formalmente que este aumento de recursos arriesgaba vulnerar de forma directa el artículo 2 de la Ley 18.883. Dicha normativa fija un límite estricto: el gasto asignado a personal a contrata no puede exceder el 40% del presupuesto destinado a las remuneraciones del personal de planta.
Incertidumbre laboral y fricciones en el Concejo
La polémica escaló cuando se abrió el debate sobre la necesidad de aplicar ajustes y despidos de personal para poder encuadrar las finanzas municipales dentro de los márgenes legales vigentes. En medio de las sesiones del Concejo Municipal, se expuso que la opción de desvincular funcionarios para cumplir con la ley ya había sido puesta sobre la mesa por el propio administrador saliente.
