Una situación de crisis se instaló en la Municipalidad de Quilpué tras el rechazo del Concejo Municipal a la propuesta de modificación presupuestaria por $1.000.000 millones de pesos, destinada al pago de honorarios y personal a contrata. La controversia escaló rápidamente a nivel político, provocando que la alcaldesa Carolina Corti Badía decretara la remoción del administrador municipal, Patricio Herrera Carazo hace algunos días.
El dictamen del cuerpo de concejales se fundamentó en graves reparos técnicos y jurídicos respecto al uso de los recursos públicos, acusando que la iniciativa de la administración vulneraba los límites legales vigentes y ponía en riesgo la estabilidad financiera de la comuna.
Durante el debate, los ediles manifestaron su preocupación por tres factores críticos que hacían inviable la propuesta. En primer lugar, se advirtió que la inyección de fondos infringía el artículo 2 de la Ley 18.883, el cual estipula de forma estricta que el gasto en personal a contrata no puede exceder el 40% del presupuesto total de remuneraciones de la planta municipal. Asimismo, los concejales detallaron que, de haber aprobado una modificación que provocara un déficit al cierre del año, habrían tenido que responder solidariamente con su patrimonio personal, tal como lo disponen el artículo 81 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y los dictámenes de la Contraloría General de la República. Finalmente, la situación encendió las alarmas entre las asociaciones de funcionarios debido a la incertidumbre sobre posibles despidos masivos para ajustar las cuentas al marco legal.
Ante la inviabilidad técnica del proyecto y la presión fiscalizadora del concejo, la alcaldesa Corti optó por remover al administrador municipal, Patricio Herrera, en un intento por descomprimir la tensión y reorganizar el equipo directivo. Se espera que en las próximas jornadas el municipio presente una propuesta reformulada que cumpla con los estándares legales y devuelva la calma a las dependencias municipales.
