El Desenfoque
Equipo de Investigación de Desenfoque.cl
La Operadora histórica del Casino de Talca acusó en Contraloría millonario «perdonazo financiero» y omisión de control de la Superintendencia de Casinos y Juegos a la operadora Dreams acusada hace poco por la Fiscalía Nacional Económica de colusión en ese mercado de juegos. ¿La razón de la presentación a Contraloría?: un aumento injustificado y sin investigar de inversión, en un 165% más del valor inicial asignado, y que deja la concesión con un respaldo financiero absolutamente incierto. Adicionalmente, incumplimientos graves en materia de permisología.
Un duro «gallito» administrativo final con miles de millones de pesos en juego mantiene en vilo la concesión, donde la histórica operadora Casino de Juego Talca S.A de la plaza de la Región del Maule denunció ante la Contraloría General de la República (CGR) un juego sucio de parte de Dreams para adjudicarse la concesión, y respecto de la cual la Contraloría decidió en primera instancia, abstenerse de opinar.
En un recurso de reconsideración ingresado el pasado 11 de agosto de 2026 ante la Contralora General, Dorothy Pérez Gutiérrez, la empresa Casino de Juego Talca S.A. busca revertir el oficio de abstención, y con sus argumentos deja al descubierto lo que califica como una grave e inminente omisión del regulador sectorial, en este caso la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ). El procedimiento apunta directamente a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) por haber visado positivamente un descomunal aumento del 165% en el presupuesto de inversión del proyecto de la competidora Sociedad de Ríos Claros S.A. (vinculada al grupo Dreams), sin haber evaluado el sustento real de esa cifra, absolutamente desajustada a la realidad del mercado respectivo, y sin indagar de dónde saldrian esos millonarios recursos adicionales.
El revés en la Corte y la resistencia de los históricos
La historia de este conflicto escaló con fuerza el 4 de febrero de 2025, cuando la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiagorechazó dos recursos de reclamación de ilegalidad presentados por la histórica concesionaria, Casino de Juegos de Talca S.A. (CJT), en contra de la SCJ, validando así la adjudicación del permiso de operación efectuada en noviembre de 2023 a la sociedad Ríos Claros (vinculada a Dreams).
En esta etapa judicial, la operadora tradicional acusó que el terreno propuesto por Dreams, a través de Ríos Claros S.A. era una zona inundable y de uso restringido para fines agrícolas, además de cuestionar la aceptación extemporánea de un contrato de arrendamiento, por parte de la autoridad evaluadora. Sin embargo, el tribunal de alzada desestimó los recursos y determinó que la SCJ había actuado bajo la norma vigente, enfatizando además que la empresa CJT había perdido su calidad de postulante tras el cierre del concurso.
Pese a lo que parecía un triunfo definitivo para el gigante de los juegos de azar, el encargado de asuntos corporativos de Casino de Talca, Jorge Luis Huguet, advirtió de inmediato que la contienda técnica y ambiental no estaba cerrada: «La resolución de la Corte ratifica un proyecto que ya fue rechazado por las autoridades técnicas, porque aumentaría el riesgo de inundaciones… Esto no es una victoria para Dreams, es un recordatorio de que aún no tienen vía libre para construir sobre un humedal sin cumplir con las normativas».
Fue bajo esta premisa de persistencia que el abogado de la concesionaria histórica, Pablo Berwart Tudela, decidió llevar la batalla a la Contraloría, abriendo una compleja arista netamente financiera que hoy amenaza con congelar la apertura del nuevo recinto.
El «gallito» ante Dorothy Pérez: ¿Identidad de materias o gambeta del regulador?
La actual ofensiva de Casino de Talca surge después de que, el 5 de agosto de 2026, la Contraloría emitiera el Oficio N° 146546-2026, mediante el cual resolvió abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre las presuntas irregularidades de la SCJ, argumentando que la materia se encontraba judicializada debido a la existencia de dos recursos de queja pendientes ante la Corte Suprema.
Frente a esto, el abogado Pablo Berwart interpuso un recurso de reconsideración, sosteniendo que el organismo de control incurrió en un presupuesto fáctico «absolutamente errado». Según detalla la presentación, los litigios en tribunales perseguían anular resoluciones previas del concurso por causales de suelo o plazos, mientras que la denuncia ante Contraloría apunta exclusivamente a determinar si el regulador, esto es la SCJ fiscalizó de manera efectiva la viabilidad del financiamiento de la obra.
En uno de los párrafos más categóricos del escrito ingresado al ente contralor, la defensa plantea:
«Ello NO es así. Una cosa es que tanto los procesos judiciales como la denuncia administrativa tengan como antecedente remoto el procedimiento de otorgamiento del permiso de operación de Casino de Juego de Talca, y otra jurídicamente muy distinta es que el objeto preciso sometido a conocimiento de los tribunales sea el mismo que aquel sometido a fiscalización de la Contraloría».
El abogado recalca que «la existencia de un mismo procedimiento administrativo de origen no determina identidad entre las controversias jurídicas que posteriormente puedan suscitarse respecto de él», y advierte sobre el peligro de este criterio: «bastaría que una determinada resolución dictada dentro de un extenso procedimiento administrativo fuese judicializada para sustraer automáticamente del control de Contraloría todas las actuaciones anteriores, simultáneas o posteriores del organismo administrativo».
Un «perdonazo» de $10 mil millones de pesos
El corazón del conflicto que hoy complica a la Superintendencia de Casinos detalla un descomunal e inusual incremento en los montos de inversión del proyecto de Ríos Claros (Dreams) en un momento de inapelable contracción de este mercado.
De acuerdo con la documentación oficial, el proyecto original de la sociedad adjudicataria comprometía una inversión de M$6.069.853(poco más de seis mil millones de pesos). No obstante, el 23 de enero de 2025, a través de la Resolución Exenta N° 97, la SCJ autorizó una profunda modificación del proyecto integral, donde el monto a invertir escaló hasta los M$16.089.537 (más de 16 mil millones de pesos), lo que se traduce en un incremento aproximado del 165%.
La sorpresa de la denunciante fue mayúscula al constatar que la propia Superintendencia, mediante el Oficio Ordinario N° 1.559 del 26 de agosto de 2025, reconoció formalmente que no realizó ninguna nueva evaluación sobre la fuente, origen o suficiencia de los nuevos recursos financieros comprometidos,argumentando que la normativa solo exigía adecuar la garantía mediante el ajuste de la boleta.
Este hecho es un error garrafal según el abogado Berwart, que confunde las funciones fundamentales de la fiscalización:
«Garantía de cumplimiento y financiamiento son conceptos jurídicos y económicos distintos… La caución constituye una garantía destinada a asegurar las consecuencias asociadas al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el operador. La acreditación del origen y suficiencia del financiamiento, en cambio, responde a una pregunta distinta y lógicamente anterior: si el operador cuenta efectivamente con recursos propios o de terceros, ciertos, verificables y económicamente suficientes para ejecutar la inversión comprometida«.
Para la histórica concesionaria de Talca, la lógica aplicada por la SCJ equivale a avalar una inversión gigantesca de la cual se desconoce completamente la procedencia real del capital: «la garantía de cumplimiento no sustituye la capacidad financiera de cumplimiento».
El eventual “doble estándar» del regulador y las alertas de la propia Contraloría
La denuncia añade un ingrediente complejo que evoca las investigaciones más agudas del periodismo local: la existencia de un eventual doble estándar por parte de la Superintendencia frente a las filiales de Dreams.
Según el documento, la SCJ aplicó un criterio implacable en los procesos de licitación de Chiloé y Coyhaique, donde rechazó de plano las estructuras financieras presentadas por el grupo Dreams debido a que se sostenían en simples «cartas de intención» condicionadas a la futura obtención de la licencia. Sin embargo, en el caso de Talca, el regulador habría sido sumamente flexible al admitir una estructura respaldada en una futura emisión de bonos de Larraín Vial, cuya materialización también dependía enteramente de la obtención previa del permiso de operación. O sea, todo lo contrario del anterior criterio aplicado en Chiloé y Coyhaique a Dreams. Todo quedó ahora en manos de la Contraloría.
Esta eventual manga ancha de la SCJ hasta ahora sin aclarar choca frontalmente con las conclusiones del propio Informe Final N° 600/2022 de la Contraloría General de la República, emitido en marzo de 2025. En ese documento, el ente de control constató severas «debilidades en el proceso de revisión del Origen y Suficiencia de los Fondos» de la SCJ y objetó tajantemente las cartas de intención bancarias como respaldo financiero válido, concluyendo que tales papeles «demostraban solamente posibilidades de financiamiento» y no certezas de capital.
Ante estos hechos, el escrito presentado por Berwart plantea la interrogante de fondo que la Contraloría debe despejar de oficio:
«¿Podía la SCJ autorizar una modificación que incrementó aproximadamente en 165% la inversión del proyecto integral sin volver a verificar el origen y suficiencia de los recursos destinados a financiar más de M$10.000.000 adicionales, limitándose exclusivamente a exigir aumentar la garantía correspondiente?»
Frenar la habilitación antes del debut
Frente al inminente avance del proyecto de Dreams, Casino de Juegos Talca S.A. ha solicitado formalmente a la Contralora General aplicar una medida de resguardo de alta tensión: ordenar a la SCJ que se abstenga de expedir el certificado habilitante para el inicio de operaciones del nuevo casino (previsto en el artículo 28 de la Ley N° 19.995 y el artículo 47 del DS N° 1.722) mientras no se ejecute una auditoría financiera exhaustiva sobre la totalidad del proyecto modificado.
El escrito concluye argumentando que esta medida no busca boicotear de manera permanente el funcionamiento de la plaza, sino resguardar la legalidad de un negocio que operará por 15 años:
«En definitiva, no se solicita a esa Contraloría General impedir indefinidamente el funcionamiento de un casino que haya cumplido íntegramente la normativa. Se solicita impedir que se habilite para operar durante quince años un proyecto respecto del cual la propia autoridad reguladora ha reconocido que más de M$10.000.000 de inversión adicional nunca fueron sometidos a evaluación acerca del origen y suficiencia de su financiamiento».
La pelota ahora está en la cancha de Dorothy Pérez, quien deberá decidir si acoge los argumentos de la histórica operadora de Talca y congela preventivamente la apertura de Ríos Claros, o si permite que las balotas comiencen a girar en el Maule bajo la sospecha de un millonario vacío de fiscalización sectorial. Y, eventualmente, oscuros respaldos financieros.
