El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Rabat, fundamentó las 56 rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores, argumentando que la cartera se limitó a aplicar la doctrina de la Corte Suprema establecida en diversos recursos de amparo. Según el secretario de Estado, el máximo tribunal chileno determinó previamente que los reos que iniciaron su proceso antes de las modificaciones legales de 2022 mantienen el derecho a este beneficio si cumplen los requisitos.
El Ejecutivo aclaró que estas disminuciones de pena forman parte de un proceso reglado por la Ley N° 19.856. Bajo este marco jurídico, si un interno cuenta con los informes favorables de comportamiento emitidos por Gendarmería y la Comisión de Reducción de Condenas, el Ministerio de Justicia no tiene la facultad discrecional para rechazar la solicitud, salvo que exista un impedimento legal explícito.
Detalles y alcance de los decretos
- Casos aprobados: Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, la cartera dictó 56 decretos firmados «por orden del Presidente de la República». El desglose corresponde a 27 casos de abuso sexual de menores y 29 de violación. Durante este periodo, solo una solicitud formal fue denegada.
- El vacío de la retroactividad: Aunque una reforma legal aprobada en 2022 excluyó explícitamente a los autores de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de cualquier reducción de pena, existe una discusión judicial vigente sobre la retroactividad de la norma. El criterio aplicado indica que la ley no puede afectar de forma retroactiva a quienes postularon o iniciaron su trámite antes de la modificación.
Reacciones del entorno político y social
La divulgación de estos decretos generó un inmediato cruce político debido a la contradicción que representa frente al «Plan Chile Cuida a los Niños», la principal política gubernamental de la actual administración para combatir la explotación y el abuso infantil.
Ante este escenario, la Defensoría de la Niñez ofició formalmente al Ministerio de Justicia para exigir un informe detallado con las explicaciones jurídicas del caso. En paralelo, parlamentarios de oposición anunciaron que evalúan las herramientas constitucionales disponibles, incluyendo una posible interpelación al ministro Rabat.
