La Fundación Fuerza Ciudadana acudió a la Corte Suprema para intentar
revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que dejó sin efecto la
incautación del teléfono personal y computador laboral del funcionario
municipal de Llay Llay, Hernán Tapia Peña, en el marco de una investigación
penal por presuntas irregularidades en procesos de contratación del municipio.
La organización, representada por el abogado Raimundo Palamara, sostiene
que la decisión de la Corte de Apelaciones impide acceder a antecedentes que
podrían ser relevantes para esclarecer cómo se desarrollaron determinadas
licitaciones y cuál fue la participación de los distintos funcionarios involucrados.
El recurso apunta especialmente a los antecedentes que, a juicio de la
Fundación, vinculan a Tapia con procedimientos administrativos actualmente
bajo investigación. Entre ellos figura la declaración de un exfuncionario
municipal, quien habría señalado que Tapia participó en una reunión
relacionada con la licitación de calle Manuel Rodríguez, instancia en la que
—según su testimonio— se habría instruido favorecer a uno de los oferentes.
El mismo testigo habría señalado que posteriormente envió a Tapia, a través de
WhatsApp, antecedentes relacionados con errores detectados en las ofertas
presentadas al proceso.
A estos antecedentes se suman correos institucionales incorporados a la
investigación, en los que aparecen observaciones y visaciones de Tapia
respecto de informes de evaluación. Entre los procesos mencionados se
encuentran los proyectos El Salitre y Juegos Infantiles, incluidos en la querella
presentada por el Consejo de Defensa del Estado por el delito de negociación
incompatible contra Jasna Elkins.
“Resulta trascendental la incautación de especies de todas las personas
que participaron en dichas operaciones objeto de la investigación penal.
El acceso a documentos y comunicaciones permitiría contrastar las
declaraciones existentes en la carpeta investigativa y determinar
eventuales responsabilidades individuales”, sostuvo el abogado Raimundo
Palamara, Presidente de la Fundacion Fuerza Ciudadana.
La controversia se produce luego de que la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2026, acogiera el
recurso de amparo presentado en favor de Tapia, cuestionara la
fundamentación de las medidas adoptadas y concluyera que durante el
procedimiento se habría producido una afectación ilegal a su libertad. Como
consecuencia, ordenó restituir sus equipos y eliminar los antecedentes
obtenidos.
Por ello, la Fundación solicita a la Corte Suprema revocar la sentencia y
rechazar el recurso de amparo. El recurso de apelación fue presentado el 3 de
octubre, concedido el día 5 y remitido a la Corte Suprema el 6 de octubre. El
amparo corresponde al rol 4115-2026 y se encuentra relacionado con la causa
penal RIT 540-2025 del Juzgado de Garantía de San Felipe.
Más de $500 millones bajo investigación
La Fundación Fuerza Ciudadana y la concejala de Llay Llay, Solange Pizarro,
han solicitado que la investigación avance y que tanto el Ministerio Público
como el Consejo de Defensa del Estado puedan acceder a todos los
antecedentes necesarios para determinar eventuales responsabilidades.
De acuerdo con los querellantes, las operaciones examinadas involucran más
de $500 millones en recursos públicos, por lo que —sostienen— resulta
indispensable determinar si existió perjuicio para las arcas municipales, cómo
se desarrollaron las contrataciones y cuál fue la participación concreta de cada
uno de los funcionarios y particulares involucrados.
