En Chile hay catástrofes de primera y catástrofes de segunda. Y no las distingue la magnitud del agua, sino el código postal donde cae.
Este año 2026 lo ha demostrado con una crueldad que ya no se puede esconder.
A mediados de año, un sistema frontal arrasó 10 regiones, desde Atacama hasta Los Ríos. Quince muertos, más de 3.000 damnificados, ríos desbordados, caminos cortados, localidades aisladas en O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía. El Gobierno declaró «Zona Afectada por Catástrofe», un rótulo administrativo de baja intensidad, que permite al delegado presidencial coordinar. Sin Estado de Catástrofe. Sin Ejército en las calles al día siguiente. Sin ministros sobrevolando en helicóptero a las tres horas. La ayuda llegó a cuentagotas y la reconstrucción sigue pendiente.
El jueves 8 de octubre, llovió en Santiago. Un torrente de agua y barro bajó por San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, una de las comunas más ricas del país. Seis heridos, un niño de un año con una fractura, 2.015 viviendas con barro, 55 inhabitables, 90 autos arrastrados y el estacionamiento del Mall Paseo Los Dominicos inundado.
En menos de 3 horas, el Presidente José Antonio Kast decretó Estado de Catástrofe. Se activó un operativo interministerial completo: Interior, Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía. Ejército, maquinaria pesada, 1.200 evacuados de colegios y clínicas privadas. Sobrevoló la zona el delegado presidencial Germán Codina. La alcaldesa Catalina San Martín en cadena nacional.
¿Y por qué esa diferencia?
Porque en Las Condes había un informe interno del 24 de junio de la propia municipalidad que advertía textual: «Después de un incendio el principal riesgo no es el fuego, es el agua». Sabían que las quebradas estaban sin vegetación tras los incendios del verano y que el riesgo aluvional duraría de uno a tres años. Se propusieron mallas dinámicas por $754 millones. No se instalaron. «Las lluvias impidieron el ingreso de maquinaria», dijeron. Y ahora la Fiscalía Oriente investiga. ¿Cuántos informes similares existen en Curanilahue, en Licantén, en Santa Juana, y nunca se traducen en Estado de Catástrofe?
La discriminación territorial de este gobierno no es retórica. Es operativa.
Cuando el barro entra en una casa de San Bernardo o en un campamento de Valparaíso, es una «emergencia meteorológica». Cuando entra en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, es una «catástrofe nacional».
El Estado no puede seguir corriendo más rápido cuando el agua moja alfombras caras. Si la vara para decretar catástrofe es el daño, entonces el daño del invierno en el sur ya ameritaba Ejército y recursos ilimitados. Si la vara es el riesgo conocido y no mitigado, entonces las 10 regiones abandonadas en julio también tenían informes que nadie leyó.
Chile no resiste otro año donde el centralismo no es solo geográfico, sino de clase.
