En un fallo unánime, el pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt visó el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, abriendo la vía para que la Fiscalía Local de Coyhaique avance en la persecución penal en su contra por delitos reiterados de fraude al fisco.
Con una votación de 3-0, el tribunal de alzada acogió los argumentos del Ministerio Público, despojando al parlamentario de la inmunidad procesal que le otorga su cargo. Esta resolución faculta formalmente al ente persecutor para solicitar su formalización, requerir medidas cautelares y, eventualmente, llevar el caso a juicio oral.
El segundo revés judicial
La decisión de la corte de la Región de Los Lagos marca un hito complejo en la trayectoria de Calisto, quien ya había enfrentado la pérdida de su fuero en 2025 mientras ejercía como diputado por la misma causa. Al asumir su nuevo escaño en la Cámara Alta, la Fiscalía se vio obligada a tramitar un nuevo requerimiento de desafuero desde cero para poder avanzar en la investigación.
Tras conocerse el dictamen, desde el entorno y la defensa técnica del legislador adelantaron que apelarán ante la Corte Suprema dentro de los plazos legales, con el objetivo de revertir la medida y frenar las acciones de la Fiscalía.
Asesorías «fantasmas» por $105 millones
La indagatoria judicial apunta a un presunto mecanismo de desvío de dineros públicos orquestado entre los años 2018 y 2022, periodo en que Calisto se desempeñaba en la Cámara Baja. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el parlamentario se habría concertado con terceros para el cobro fraudulento de asignaciones del Congreso Nacional mediante la contratación de asesorías legislativas externas falsas o que nunca se realizaron.
Los peritajes contables y las diligencias de la Fiscalía cifran el perjuicio total provocado al Estado en más de 105 millones de pesos. Dada la gravedad y la reiteración de los hechos imputados, el órgano persecutor ya anunció que proyecta solicitar una pena que alcanza los 12 años de presidio para el militante político.
