Es posible generar una inflexión frente al desorden institucional de Chile? ¿Se puede generar una fuerza gravitacional que cambie el eje de incertidumbre a uno con idea de país real?
Las preguntas presionan tanto al gobierno en ejercicio – cuyos militantes ya empiezan a hablar de legado- cómo a aquellos que ejercieron ese poder en años anteriores y hoy se regocijan en la nostalgia. Sin otra idea que tomar medidas de sastre a eventuales candidatos a la banda presidencial.
El país es inseguro. Todos lo dicen. Pero no está ni definitivamente quebrado ni en estado crítico de emergencia. Todavía tiene (o tendría) una reserva moral e institucional que debiera ser usada para generar políticas públicas eficientes para sacar al país del marasmo.
Pero no parece fácil. Porque quien estaría llamada a hacerlo, la Política, sí muestra signos vitales críticos. Particularmente en ambos extremos del péndulo. Ella no toma decisiones que atinen a dos cosas prioritarias: concentrar la agenda política en temas esenciales de Estado y de gobierno; y, en segundo lugar, elaborar políticas y programas prácticos y concretos para los sectores más críticos que son el crecimiento económico, el empleo y la seguridad. Cosas que se vean con resultados prácticos y medibles, que hagan sentido de realidad a la gente.
No más leyes redundantes y mal formuladas, con contrabando de formas reglamentarias con autoritarismo agazapado para su ejercicio. Tampoco promesas y comisiones con reglas de pura cortesía sobre el control inter-órganos del Estado, para que todo siga igual, sin control ni transparencia. Tampoco acusaciones constitucionales ni largas reformas de sistema político. Menos aún discursos o frases de barra brava del sí se puede, bajo la idea que solo hay que sentarse a esperar que el péndulo político traiga el poder a la silla propia.
El requerimiento básico es la vuelta al diálogo político efectivo, concreto, como primer paso para la generación de una confianza política transversal, que permita acuerdos de gobernanza en los temas clave. Con un uso austero del poder y de las competencias propias para generar los sentidos comunes sobre lo esencial entre los poderes decisores del Estado. Más allá de las naturales diferencias.
Uno de esos puntos esenciales es actuar frente a la debilidad que muestra la institucionalidad judicial del país. No es posible obviar que ese riesgo está en la relación directa con la eventualidad que la penetración del crimen organizado se vea favorecida por la corrupción.
Si bien esa relación no es simétrica, nadie puede negar que el aumento de casos de corrupción en el Poder Judicial y en la estructura persecutoria penal (Ministerio Público y Policías) crean el ambiente propicio para que esa relación se produzca. No es una falsa alarma para el país. El crimen organizado torna feble el control de la Seguridad y permite que la industria criminal, cualquiera que sea, habite o controle el sistema decisorio penal y de seguridad del Estado. El crimen organizado no es una ideología sino un negocio, de carácter transnacional, con enormes recursos financieros que se orientan a actividades económicas sanas para ser legalizadas (lavado de activos), con sofisticadas artes de administración y una amplia diversificación e inteligencia estratégica. Y lo más importante, es que no aspira a destruir el Estado, aspira a controlarlo o subsumirse en él.
De ahí que la prevaricación administrativa directa o indirecta en órganos del Estado no sea inocua o inocente. Por ejemplo, de los encargados de controlar la transparencia de los mercados como la CMF, o establecer la fe pública que se usa como prueba en los tribunales como la Superir o la TGR, o el descontrol de inversiones en materia de juegos de azar como ocurre con la SCJ. Si no se exigen ni controlan, permiten una cadena corruptiva que se amplía en los tribunales, cuando los jueces las usan de manera acrítica, transformando el juego previo de mercados sin control en estafa judicial. De ahí al gran tráfico de influencias y control judicial hay solo un paso, con ambientes burocráticos propensos a la corrupción generalizada. Peor aún si los sistemas judiciales carecen del soporte, memoria o integridad que les ordena la ley, y sus actos no pueden ser reconstituídos o, derechamente pueden ser ocultados.
Esto es lo que ha estado viviendo el país en los últimos meses con la destitución de numerosos jueces y fiscales, incluida la propia Corte Suprema y de fiscales regionales del Ministerio Público. Ahí la reconstitución de hechos ha sido más que trabajosa, aunque la CS diga que son objeto de una maniobra de “desprestigio comunicacional” y le pida al Consejo de Defensa que la defienda(¡)
La capacidad de autocontrol de estas entidades está excedida mientras el control externo no existe. En lo que también se deben incluir parcialmente a las policías en las que varios de sus máximos mandos se encuentran enjuiciados o cumpliendo condenas por corrupción.
¿Puede una elite política responsable tomar esta situación con calma? La seguridad nacional es una política de Estado y su responsable inmediato es quien ejerce el poder y dirige sus recursos de fuerza. En una situación de riesgo como la descrita, sin claridad de gestión de parte del Ejecutivo, la seguridad se transforma en resorte de todos y cada uno de los Poderes del Estado, de manera imbricada y colaborativa, cada uno en sus competencias constitucionales. Si no lo atienden, todos se hacen responsables de las consecuencias negativas que ese riesgo acarrea.
