Bienes Nacionales inició la venta de 236 inmuebles fiscales en 2026, partiendo con un primer lote de 37 propiedades del plan Se Busca Dueño.
Subasta de inmuebles fiscales en todo el país
El Ministerio de Bienes Nacionales inició un nuevo proceso de licitación pública para poner a la venta un total de 236 propiedades abandonadas durante el año 2026. El plan comenzó oficialmente con la publicación de las bases para un primer grupo compuesto por 37 inmuebles distribuidos en distintas regiones del país.
Estos terrenos y viviendas ingresaron al patrimonio del Estado bajo la figura legal de herencias vacantes, mecanismo que se activa cuando una persona fallece sin dejar testamento ni herederos directos hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Plataforma de revisión y fijación de precios
Las personas e inversionistas interesados en conocer el catálogo de terrenos, casas y departamentos disponibles pueden revisar los detalles directamente en el sitio web oficial del Ministerio de Bienes Nacionales, ingresando al apartado del programa Se Busca Dueño y su portal de licitaciones públicas.
En dicha plataforma digital se encuentran publicadas las bases técnicas, la ubicación exacta de cada propiedad y las fechas límites para presentar ofertas comerciales. Respecto a los montos de adjudicación, la autoridad confirmó que los valores de postura mínima parten desde el avalúo fiscal de cada bien, siendo evaluados posteriormente por una comisión especializada para determinar su precio comercial de mercado.
Recompensa por denuncia y destino de los recursos
La normativa vigente contempla que cualquier ciudadano puede informar la existencia de una propiedad abandonada sin herederos. Si el proceso administrativo concluye con la incorporación del bien al Fisco, la persona denunciante recibe un galardón o beneficio económico equivalente al 30% del valor líquido de los bienes denunciados.
Los recursos obtenidos mediante estas licitaciones públicas se destinan directamente al Tesoro Público y a la financiación de proyectos de desarrollo regional en los territorios donde se ubican los inmuebles enajenados. Con este despliegue, el Ejecutivo busca evitar la ocupación irregular de viviendas y devolver la utilidad social a activos en desuso.
