Contraloría detecta que alcalde de El Tabo intervino en la contratación de 24 familiares y cercanos
Un informe especial del organismo fiscalizador reveló que en el municipio existen 56 funcionarios con vínculos de parentesco con autoridades y directivos, incluyendo a la cónyuge y dos hermanas del jefe comunal Alfonso Muñoz.
La Contraloría General de la República (CGR) confirmó graves vulneraciones al principio de probidad administrativa y al deber de abstención en la Municipalidad de El Tabo. De acuerdo con el Informe Final de Investigación Especial N° 596/2025, el alcalde de la comuna, Alfonso Muñoz, intervino de forma directa en actos administrativos vinculados a la contratación y permanencia de 24 personas con las que mantiene relaciones de parentesco o cercanía, entre las que se cuentan su cónyuge y dos de sus hermanas.
La auditoría, motivada por denuncias presentadas por un particular y la concejala Karina Soto, expuso una extensa red de nepotismo dentro de la administración local. En total, el órgano de control identificó a 56 funcionarios municipales con lazos familiares o personales con altas autoridades del municipio. Entre estos casos destacan 16 vinculaciones con el director de Finanzas, nueve con el director Jurídico —incluyendo a su cónyuge, hermano y una tía— y siete relaciones de parentesco asociadas al director de Control.
Frente a estas irregularidades, la Contraloría ordenó al municipio de El Tabo la invalidación de los actos administrativos viciados, la regularización de las situaciones contractuales detectadas y la implementación estricta de mecanismos de abstención. Además, instruyó nombrar mediante concurso formal al titular del cargo de Secretario Municipal, exigiendo que el actual subrogante se reste de cualquier procedimiento que involucre a una funcionaria con la que mantiene una relación sentimental.
El dictamen también cuestionó el proceso de traspaso de personal desde la modalidad de honorarios al Código del Trabajo realizado por la municipalidad entre 2023 y 2025. La CGR constató que dichas incorporaciones no contaban con antecedentes que acreditaran el cumplimiento de los requisitos legales ni con estudios de impacto financiero. Por ello, otorgó un plazo de 15 días hábiles al municipio para cuantificar los costos, informar al concejo comunal y reportar el estado de los sumarios administrativos instruidos.
