Ante la iniciativa parlamentaria que busca congelar la normativa laboral por cinco años, el Presidente advirtió que la legislación sufre malinterpretaciones o usos indebidos por parte de un «grupo pequeño», por lo que respaldó realizar perfeccionamientos en lugar de frenar su vigencia.
Luego de que un grupo de diputados ingresara un proyecto de ley para suspender por un periodo de cinco años la aplicación de la Ley Karin, el presidente José Antonio Kast abordó el debate marcando matices sobre la iniciativa: si bien no respaldó la propuesta de frenar la normativa, sí abrió la puerta a introducirle cambios y correcciones.
Desde Colombia, al ser consultado sobre la propuesta de congelar la vigencia de la ley, el Mandatario sostuvo que el Gobierno mantiene un principio general frente a la legislación vigente: «Nosotros lo que hemos señalado de manera reiterada en todo tipo de legislación es que las leyes se pueden perfeccionar», afirmó.
En esa línea, Kast reconoció que en la puesta en marcha de la norma se han detectado situaciones complejas en su implementación práctica. «En algunas normas, incluida la Ley Karin, se han dado situaciones que pueden ser discutibles. Como en toda legislación, hay veces que se malutilizan por algún grupo pequeño de personas para un fin distinto al que fue creada la ley», argumentó, comparando el escenario con los problemas surgidos en su momento con la Ley Lafkenche.
El debate se da en un contexto donde el propio Ejecutivo —a través del Ministerio del Trabajo y del Consejo Superior Laboral— se encuentra trabajando en un rediseño del reglamento de la Ley Karin para acortar plazos de investigación, establecer filtros mínimos a las denuncias y evitar el colapso operativo provocado por el alto volumen de requerimientos ingresados desde su entrada en vigor.
Pese a los cuestionamientos transversales por la sobrecarga del sistema, la idea de congelar la norma por un lustro ha generado inmediato rechazo en sectores de la oposición y organizaciones sociales, desde donde argumentan que una medida de este tipo dejaría en la desprotección e indefensión a miles de trabajadores afectados por acoso o violencia laboral.
