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Juez de Paraguay ordena prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña

Juez de Paraguay ordenó este sábado 7 de noviembre que el expresidente Santiago Peña permanezca bajo prisión preventiva, luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la investigación por el cierre del banco Ueno Bank.

​​El juez penal de Garantías Humberto Otazú ordenó este sábado 7 de noviembre la prisión preventiva del ahora expresidente Santiago Peña. El exmandatario, destituido y detenido en la víspera, deberá cumplir la medida en dependencias de la Escolta Presidencial, según lo dispuestopor el juzgado.

Horas antes, la Fiscalía había pedido la detención preventiva de Peña, luego de que el exmandatario compareciera ante la sede del ente acusador, en Asunción.

Los fiscales también solicitaron prisión preventiva para el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo.

​Órdenes de aprehensión y alcance de las diligencias

​El dictamen dictado por la justicia paraguaya busca asegurar la permanencia del exjefe de Estado en su domicilio bajo estricta custodia policial, impidiendo cualquier eventual peligro de fuga mientras concluyen los peritajes iniciales sobre las arcas patrimoniales de la entidad intervenida.

​»Se ha constatado que se encuentra en su residencia y se puso formalmente a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes», confirmaron las autoridades fiscales a cargo del operativo.

​De manera paralela, la orden judicial incluyó la detención preventiva de Carlos Carvallo Spalding, quien se desempeñaba como titular del Banco Central de Paraguay (BCP) hasta presentar su renuncia en medio de los cuestionamientos por el vaciamiento patrimonial del banco.

​Protestas en las inmediaciones y tensión social

​El operativo de detención provocó la llegada inmediata de manifestantes y agrupaciones ciudadanas a las afueras de la vivienda de Peña en la capital paraguaya. Entre consignas y pancartas, los asistentes exigieron el traslado inmediato del destituido mandatario a un centro penitenciario de alta seguridad para cumplir la medida cautelar tras rejas.

​La indignación pública se agudizó tras el congelamiento de fondos que afectó a miles de ahorrantes y a más de 32 mil jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyas pensiones quedaron retenidas tras la intervención de la entidad crediticia. El nuevo escenario político mantiene a las fuerzas policiales en máxima alerta ante la posibilidad de nuevas jornadas de protesta en el país.