Un informe de la Defensoría de la Niñez anticipa una mayor presión sobre la capacidad de los centros de internación provisoria y régimen cerrado tras los cambios normativos, alertando sobre los desafíos en materia de reinserción e infraestructura.
Las recientes modificaciones aplicadas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) provocarán un incremento sustancial en el número de jóvenes sujetos a medidas cautelares de internación provisoria y condenas en régimen cerrado. Así lo proyecta un reporte técnico de la Defensoría de la Niñez, documento que examina los efectos operativos de los ajustes legislativos aprobados para endurecer el tratamiento de infracciones cometidas por menores de edad.
El análisis advierte que el endurecimiento en los criterios para otorgar salidas alternativas, sumado al uso prioritario de la privación de libertad en delitos de mayor connotación social, derivará en una sobreocupación progresiva de los centros administrados por el servicio estatal correspondiente. Esta situación, según el organismo, podría comprometer las condiciones de habitabilidad y la efectividad de los programas de rehabilitación.
Desde la Defensoría remarcaron la necesidad de acompañar estos cambios legales con un refuerzo de recursos en la red de protección y reinserción social. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir el encierro en una respuesta punitiva que no resuelve los factores de fondo asociados a la delincuencia juvenil ni reduce las tasas de reincidencia.
El informe concluye instando al Ejecutivo y a los organismos de justicia a monitorear de cerca el flujo de ingresos a los recintos cerrados para evitar eventuales vulneraciones de derechos y asegurar que el sistema garantice un acompañamiento interdisciplinario a los adolescentes sancionados.
