La Fundaci\u00f3n Fuerza Ciudadana acudi\u00f3 a la Corte Suprema para intentar
revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Valpara\u00edso que dej\u00f3 sin efecto la
incautaci\u00f3n del tel\u00e9fono personal y computador laboral del funcionario
municipal de Llay Llay, Hern\u00e1n Tapia Pe\u00f1a, en el marco de una investigaci\u00f3n
penal por presuntas irregularidades en procesos de contrataci\u00f3n del municipio.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n, representada por el abogado Raimundo Palamara, sostiene
que la decisi\u00f3n de la Corte de Apelaciones impide acceder a antecedentes que
podr\u00edan ser relevantes para esclarecer c\u00f3mo se desarrollaron determinadas
licitaciones y cu\u00e1l fue la participaci\u00f3n de los distintos funcionarios involucrados.<\/p>\n\n\n\n
El recurso apunta especialmente a los antecedentes que, a juicio de la
Fundaci\u00f3n, vinculan a Tapia con procedimientos administrativos actualmente
bajo investigaci\u00f3n. Entre ellos figura la declaraci\u00f3n de un exfuncionario
municipal, quien habr\u00eda se\u00f1alado que Tapia particip\u00f3 en una reuni\u00f3n
relacionada con la licitaci\u00f3n de calle Manuel Rodr\u00edguez, instancia en la que
\u2014seg\u00fan su testimonio\u2014 se habr\u00eda instruido favorecer a uno de los oferentes.<\/p>\n\n\n\n
El mismo testigo habr\u00eda se\u00f1alado que posteriormente envi\u00f3 a Tapia, a trav\u00e9s de
WhatsApp, antecedentes relacionados con errores detectados en las ofertas
presentadas al proceso.<\/p>\n\n\n\n
A estos antecedentes se suman correos institucionales incorporados a la
investigaci\u00f3n, en los que aparecen observaciones y visaciones de Tapia
respecto de informes de evaluaci\u00f3n. Entre los procesos mencionados se
encuentran los proyectos El Salitre y Juegos Infantiles, incluidos en la querella
presentada por el Consejo de Defensa del Estado por el delito de negociaci\u00f3n
incompatible contra Jasna Elkins.<\/p>\n\n\n\n
\u201cResulta trascendental la incautaci\u00f3n de especies de todas las personas
que participaron en dichas operaciones objeto de la investigaci\u00f3n penal.
El acceso a documentos y comunicaciones permitir\u00eda contrastar las
declaraciones existentes en la carpeta investigativa y determinar
eventuales responsabilidades individuales\u201d, sostuvo el abogado Raimundo
Palamara, Presidente de la Fundacion Fuerza Ciudadana.<\/p>\n\n\n\n
La controversia se produce luego de que la Corte de Apelaciones de
Valpara\u00edso, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2026, acogiera el
recurso de amparo presentado en favor de Tapia, cuestionara la
fundamentaci\u00f3n de las medidas adoptadas y concluyera que durante el
procedimiento se habr\u00eda producido una afectaci\u00f3n ilegal a su libertad. Como
consecuencia, orden\u00f3 restituir sus equipos y eliminar los antecedentes
obtenidos.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, la Fundaci\u00f3n solicita a la Corte Suprema revocar la sentencia y
rechazar el recurso de amparo. El recurso de apelaci\u00f3n fue presentado el 3 de
octubre, concedido el d\u00eda 5 y remitido a la Corte Suprema el 6 de octubre. El
amparo corresponde al rol 4115-2026 y se encuentra relacionado con la causa
penal RIT 540-2025 del Juzgado de Garant\u00eda de San Felipe.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s de $500 millones bajo investigaci\u00f3n
La Fundaci\u00f3n Fuerza Ciudadana y la concejala de Llay Llay, Solange Pizarro,
han solicitado que la investigaci\u00f3n avance y que tanto el Ministerio P\u00fablico
como el Consejo de Defensa del Estado puedan acceder a todos los
antecedentes necesarios para determinar eventuales responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con los querellantes, las operaciones examinadas involucran m\u00e1s
de $500 millones en recursos p\u00fablicos, por lo que \u2014sostienen\u2014 resulta
indispensable determinar si existi\u00f3 perjuicio para las arcas municipales, c\u00f3mo
se desarrollaron las contrataciones y cu\u00e1l fue la participaci\u00f3n concreta de cada
uno de los funcionarios y particulares involucrados.<\/p>\n\n