El proyecto de ley ingresado el d\u00eda de ayer al Congreso para postergar en un a\u00f1o la entrada en vigencia de la Ley N\u00b0 21.719, que modifica la Ley N\u00b0 19.628 sobre protecci\u00f3n de datos personales, representa una mala noticia para el pa\u00eds. Esta decisi\u00f3n no s\u00f3lo dilata la necesaria protecci\u00f3n de los derechos de las personas sobre la circulaci\u00f3n de su informaci\u00f3n, sino que castiga los esfuerzos e inversiones que diversas empresas u organizaciones ya han realizado para adecuar sus procesos normativos.<\/p>\n\n\n\n
Detr\u00e1s de este aplazamiento subyace la incapacidad de estructurar la Agencia de Protecci\u00f3n de Datos Personales. Los intentos fallidos por nombrar a los integrantes de su consejo evidencian un problema t\u00e9cnico y de incentivos, ya que la propuesta de cinco consejeros con dedicaci\u00f3n exclusiva no ofrece un nivel de remuneraci\u00f3n acorde a la alta responsabilidad requerida, lo que resta atractivo a profesionales de primer nivel t\u00e9cnico. Aunque se busque hacer operar al Consejo con anticipaci\u00f3n para redactar reglamentos y contratar personal, las condiciones de fondo siguen debilitadas.<\/p>\n\n\n\n
Las consecuencias de esta demora no son s\u00f3lo jur\u00eddicas, sino tambi\u00e9n econ\u00f3micas. Sin una institucionalidad s\u00f3lida y operativa, agencias internacionales (como las europeas) continuar\u00e1n sin considerar a Chile como un pa\u00eds con est\u00e1ndares adecuados de protecci\u00f3n. Esto perjudica directamente la atracci\u00f3n de inversiones clave, la instalaci\u00f3n de nuevos data centers y el desarrollo de negocios de alcance global.<\/p>\n\n\n\n
Si Chile aspira a insertarse con \u00e9xito en la econom\u00eda digital, la protecci\u00f3n de datos y la conformaci\u00f3n de sus autoridades no pueden seguir en permanente espera.<\/p>\n\n\n\n
Por Rodrigo Rojas, Profesor y miembro del Observatorio de Derecho y Tecnolog\u00eda de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. <\/strong><\/p>\n\n